La globalización de la economía, la transnacionalización de la producción como consecuencia del desarrollo de las tecnologías de la información-comunicación y del conocimiento junto con su externalización, han supuesto cambios significativos en la composición del mercado laboral mundial , en el nuevo orden político-económico-financiero internacional y en el conjunto de grupos y subgrupos poblacionales formados en la nueva glocalización mundial.
Podemos considerar que el riesgo de las sociedades del siglo XXI es tanto un problema económico como de integración social. Este se caracteriza por la falta de participación de numerosos grupos sociales aislados en las relaciones de intercambio social y económico en términos de igualdad; mostrándose un alto grado de déficit en el status de ciudadanía global.
La política social desarrollada bajo los principios neoliberales en la nueva Europa de la crisis económico-social, la incertidumbre republicana-demócrata en USA ante la inminente e incierta cita electoral , los manifiestos conflictos bélicos en Oriente Medio y la momentánea relajación política en América Latina, Rusia y China siempre con la mecha encendida, pone de manifiesto esta dualización social junto con la percepción de la desigualdad social acentuada y la posibilidad de una exclusión societaria multitudinaria debida a las inercias del mercado.
Esta desestabilización de las clases medias sobretodo en los países comunitarios del eje-sur, ha demostrado que cada vez es más difícil ascender en la escala social y más fácil descenderla en cadena para gran parte de colectivos sociales agrupados y atrapados en la llamada «clase media» de un determinado país o región.
La composición de esta nueva estructura social configurada, se deriva entonces de la lógica del mercado político-financiero actual que manifiestamente deja fuera del núcleo de oportunidades a más y más estratos societarios con la consiguiente pérdida de poder, prestigio e influencia en el nuevo mundo geográfico-económico abarcado por la manifiesta recesión económica. Evidentemente, las circunstancias son diferentes en cada país o lugar, pero el problema de las infraclases y el de su marginación del llamado «Sistema de Bienestar» está presente en la propia lógica de las relaciones económicas ordinarias que los diferentes Gobiernos (sobretodo europeos) aplican en sus políticas de control de gasto público. Se trata de una dualidad confusa de carácter social, que tiene una raíz estructural enmarcada en la evolución del sistema de producción industrial y que, cada día que transcurre, afecta a más y más segmentos de población ciudadana.
Los efectos, en términos de exclusión social, del nuevo modelo de bienestar pueden encontrarse en la percepción de la misma para la opinión pública. Pero aún así, la sociedad parece haberse “adelgazado”, «apagado», «marchitado» a niveles críticos que le impiden retroalimentar y apoyar las líneas marcadas por muchos Estados que han renunciado a algunas de sus tareas esenciales de crecimiento enmarcada ésta, en sus respectivos programas electorales, por la casi exclusiva dependencia de los grandes sistemas europeístas dominados por Alemania. Curioso viniendo de un país reconstruido hace solo 61 años a través, entre otros, del benéfico Plan Marshall.
La explicación por las tardanzas e indecisiones de los Gobiernos democráticos de turno , en la puesta en marcha de acciones de progreso y crecimiento económico pueden ser diversas, diferentes y hasta con un toque de inmoralidad, pero las fracturas sociales de las sociedades se pueden cuantificar y medir. El ejemplo del Gobierno español en esta parálisis del bienestar social, ha sido expuesto por la mayoría de medios de comunicación nacionales e internacionales, por organizaciones, universidades, economistas, analistas y eruditos económicos, además de por numerosas asociaciones y centrales sindicales, que han intentado trasladar al ciudadano la diversidad de medidas retroactivas aprobadas por nuestro Gobierno. Ello ha producido un alto grado de debilitamiento de la protección social a las personas desempleadas ( 2,8 millones de españoles permanecen sin ningún tipo de protección pública), un deterioro de la calidad de los servicios públicos fundamentales (sanidad, educación), ha causado una rebaja de los salarios de los empleados públicos y el aumento de su jornada laboral con la consiguiente expulsión de personal interino y contratado y, sobre todo, ha afectado seriamente al conjunto poblacional en su totalidad, la aplicación de estas medidas fiscales demasiado duras y regresivas.
Como colofón de estas fracturas sociales, la aprobación de una reforma laboral injusta, antisocial, sin resultados y unos PGE 2013 recesivos en su totalidad respecto al ansiado crecimiento en sus cuentas, ha hecho que las organizaciones sindicales hallan puesto un nuevo freno al Gobierno con la convocatoria de la Huelga General del 14N 2012, la segunda a un Gobierno Popular en 10 meses de mandato.
Cada tiempo que pasa hace más necesario, si cabe, profundizar hasta el núcleo central de este nuevo concepto; “fractura social” y sus inmediatas consecuencias. La solución al dilema, seguramente recaerá sobre la ciudadanía española (caso que nos afecta) en la próxima cita electoral nacional dónde, de momento, ningún adivino conoce si se producirán nuevas fracturas sociales o una definitiva factura electoral de los ciudadanos en referencia a la labor política llevada a cabo por nuestra representación parlamentaria!!!
!!!Tensiones, fracturas, continuidades, discontinuidades… en el umbral de la pobreza y en la cima de las grandes fortunas.!!! @elsociologo
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